La Fiscalía no descarta recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la decisión de enviar a los juzgados de Lorca su querella por las obras del auditorio de Puerto Lumbreras dirigida contra 20 personas, entre ellas, el exalcalde Pedro Antonio Sánchez, candidato del PP a la presidencia de la Comunidad.

Aunque en el auto del TSJRM que confirmó esa decisión por mayoría se indicaba que contra él «no cabía recurso», el ministerio público estudia si existe posibilidad de acudir al Supremo para tratar de revocar el acuerdo que afecta al actual consejero, que es aforado y no puede ser imputado por un tribunal ordinario.

En el recurso que no prosperó, la fiscalía consideraba que el TSJRM debió asumir la instrucción de la causa al figurar entre los querellados el aforado Sánchez.

Por el contrario, los magistrados que conformaron la mayoría sostuvieron que los hechos deben ser investigados en primera instancia por el juzgado lorquino al que corresponda por reparto por haberse cometido los hechos presuntamente delictivos en Puerto Lumbreras, municipio perteneciente a aquel partido judicial.

Añadían que debía respetarse el derecho de los no aforados a ser investigados por el juez predeterminado por la ley, sin perjuicio de que si en el transcurso de las diligencias aparecían indicios contra Sánchez, el juez enviara al TSJ una exposición motivada para que asumiera la competencia.

Por su parte, el abogado murciano José Luis Mazón quiere denunciar por prevaricación a los tres magistrados (Martínez Moya, Pasqual del Riquelme y Enrique Quiñonero) que votaron a favor de enviar la querella a Lorca.